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El Supremo investigará al Gobierno por ocultar informes de la Abogacía

El alto tribunal admite un recurso de Vox al negarle Moncloa copia de los dictámenes sin ningún argumento

La Fiscalía y el Congreso apoyaron la tramitación del escrito; los servicios jurídicos del Estado se opusieron

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Vox contra el Gobierno por negarle copia, sin ofrecer explicación, de los informes elaborados por la Abogacía de Estado sobre el estado de alarma. Entre ellos, el utilizado por el presidente Pedro Sánchez para defender que no cabe elaborar un plan B jurídico para luchar contra la pandemia.

El alto tribunal iniciará así una investigación para conocer por qué el Ejecutivo faltó a las obligaciones que le imponen tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso. La primera establece que las Cámaras podrán recabar «la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas». Y el segundo subraya la obligación de las Administraciones a proporcionar esta información «en un plazo no superior a treinta días» o «trasladar las razones fundadas en derecho que lo impidan».

Fiscalía, Cortes y Vox

Es la primera vez que el Supremo admite un contencioso de diputados nacionales contra el Gobierno por negar este acceso a documentación, ya que los precedentes existentes se limitan al ámbito autonómico. El auto, al que ha tenido acceso ABC, tiene, por tanto, importancia doble ya que establece un criterio protector con los derechos de los parlamentarios de las Cortes. «La interpretación hasta ahora seguida por esta Sala con respecto a asuntos provenientes del ámbito autonómico es igualmente defendible y seguramente más tuitiva de la posición jurídica de los diputados, así como de la efectividad de las iniciativas tomadas en ejercicio de la función parlamentaria de control político», concluye. Esta posición abre una importante línea de defensa para los diputados y senadores ante las frecuentes negativas del Gobierno a entregarles documentación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo admite el recurso de Vox después de que tanto esta formación como la Fiscalía defendieran la legitimidad para interponerlo apoyándose en dos sentencias de 2013 y 2015 en las que el Supremo falló a favor de diputados autonómicos a los que su comunidad les negó documentación. Los magistrados entendieron en ambos casos que «el incumplimiento por el Ejecutivo de proporcionar al Legislativo la información requerida, sin dar ninguna razón fundada en Derecho que lo justificase, supone una vulneración del derecho fundamental al ejercicio sin cortapisas del cargo público representativo (art. 23.2 de la Constitución) o ius in officium de los diputados solicitantes». El auto notificado ahora extiende este criterio a nivel nacional.

Además de encontrar apoyo en la Fiscalía, Vox también se vio respaldado, y «de forma determinante», según aprecian los magistrados, por la letrada de las Cortes. «Insistió en que aquí está en juego el derecho fundamental de una diputada en el ejercicio de su función», señala el auto, y pidió que el proceso legal continuara contra el Gobierno, no contra el Congreso, al negarse el primero a ofrecer la documentación cuando la Cámara tramitó la solicitud.

Política de opacidad

La Abogacía del Estado, en cambio, intentó abortar el procedimiento y mantener ocultos los informes. Argumentó que no era un asunto Contencioso-Administrativo, ya que la solicitud había tenido recorrido y que, por tanto, no se habrían vulnerado derechos fundamentales de Olona. Una posición que, por otra parte, implicaría que el Gobierno está menoscabando las atribuciones de control político del Congreso al negarle documentación.

En todo caso, el Supremo rechaza esta tesis de la Abogacía. Fundamentalmente, por la similitud del caso con los precedentes autonómicos existentes y ante la «sumamente relevante» posición de la letrada de Las Cortes, quien afirmó «expresamente» que «esta Sala debe conocer de este tipo de impugnaciones», destaca el auto. «Ello significa que la representación procesal del Legislativo nacional considera que las atribuciones del mismo, incluido el modo en que debe relacionarse con el Ejecutivo, no quedan afectadas por el hecho de que los diputados y senadores puedan recurrir por sí mismos en vía contencioso-administrativa la negativa gubernamental a proporcionar la información solicitada», concluye. Los magistrados que suscriben este auto son Luis María Díez-Picazo (ponente), Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico, María del Pilar Teso, José Luis Requero y Rafael Toledano.

Olona reclamó los informes de la Abogacía el pasado verano mediante una solicitud de información, tal y como establece el Reglamento del Congreso. El Gobierno, en un primer momento, se limitó a invitarla a que consultara el discurso del presidente del Gobierno ante la quinta prórroga del estado de alarma, cuando Pedro Sánchez leyó sorpresivamente unos fragmentos escogidos de uno de estos informes. Ante esta contestación, Olona pidió amparo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que recordó al Ejecutivo sus obligaciones. Pero esta nueva solicitud quedó sin respuesta y, por tanto, desestimada por silencio negativo sin argumentación alguna. El Ejecutivo maniobró de este modo a sabiendas de que contraviene la legalidad, pero primando el objetivo de seguir ocultando los informes de la Abogacía. Y sigue anteponiendo esta estrategia de opacidad incluso cuando el caso ha llegado ante el Supremo.

Sospechas

Se da la circunstancia de que la dirigente de Vox se decidió a pedir los dictámenes tras conocer que el Gobierno solicitó el posicionamiento de la Abogacía sobre distintas circunstancias del estado de alarma, y con la sospecha de que alguno no le había sido favorable. No en vano, de todos estos documentos solo habían llegado a conocerse los fragmentos leídos por Sánchez ante el Pleno, escogidos, además, para denostar las reformas jurídicas que ya entonces reclamaba el presidente del PP, Pablo Casado, para luchar contra la pandemia. Las sospechas de que algún informe fuera negativo para el Gobierno se vieron reforzadas cuando Olona conoció que varios de ellos fueron clasificados con el máximo nivel de seguridad para que solo la Abogada General del Estado, Consuelo Castro, y sus subdirectores generales, pudieran acceder a ellos.

Y Transparencia

Tras su primer rechazo a entregar los informes, fuentes de Moncloa argumentaron a ABC que este tipo de documentación es solo para consulta interna. Sin embargo, el Ejecutivo ha entregado otros dictámenes de la Abogacía del Estado cuando le han sido solicitados. Al propio Vox, por ejemplo, el referente al cierre de la planta de Ence en Pontevedra en septiembre, tras haberle negado los del estado de alarma.

Además, el Consejo de Transparencia ha fallado innumerables veces a favor de los ciudadanos cuando han reclamado acceso a informes de la Abogacía. Este organismo entiende que se trata de dictámenes «sobre la legalidad de actuaciones administrativas o que puedan formar parte de la motivación de resoluciones administrativas» y que, por tanto, no son de aplicación las limitaciones de acceso previstas en la ley.

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