Coronavirus

Sánchez vuelve a hacer historia: ningún presidente ha sufrido la derrota de dos decretos en el Congreso

El pleno del Congreso asestó este jueves la primera gran derrota política al Gobierno al tumbar el real decreto-ley con el que Hacienda pretendía asumir el remanente de los ayuntamientos a cambio de entregarles un fondo de 5.000 millones.

La votación arrojó el rechazo masivo anunciado, con un total de 193 «noes» sumados entre todos los partidos de la oposición, salvo Teruel Existe. Esta formación apoyó la convalidación pero explicó que el voto telemático le jugó una mala pasada por lo que puede decirse que los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, se quedaron solos. Lo único que lograron evitar fue el desgarro interno de la formación morada.

Su confluencia catalana, Los Comunes, amenazaba hasta el miércoles con unirse a la oposición y votar en contra del decreto pero, finalmente, se avino a apoyar el texto. Los «síes» se quedaron en solo 156, no hubo abstenciones y el hemiciclo estalló en aplausos cuando la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, leyó el resultado.

Nadie del Gobierno quiso estar presente y poner cara a ese momento. Los ministros con escaño hicieron uso del voto telemático, incluyendo la propia titular de Hacienda, María Jesús Montero, que era la encargada de defender el decreto.

La derrota sufrida ayer por el Ejecutivo no es baladí. Convierte a Pedro Sánchez en el primer presidente de la democracia al que el Congreso tumba dos decretos en vigor. Un dudoso honor al que se suma el de ser el primer candidato en perder un debate de investidura y el único que ha pasado dos veces por este trance, así como el de liderar el Ejecutivo que ha contado con menos apoyos parlamentarios (en 2018 tras la moción de censura) o el ser el primero en verse obligado a formar una coalición para poder gobernar.

No en vano, la derogación de un decreto en vigor es algo excepcional. De los 678 textos de este rango que los distintos gobiernos han remitido a la Cámara Baja solo cinco , incluyendo el de los ayuntamientos, han corrido esta suerte. Una cifra que da idea de la trascendencia política de la votación de ayer.

Si bien esta derrota es la más importante que ha sufrido la coalición hasta el momento, no es la única. El pasado mes de julio el hemiciclo tumbó las recomendaciones sociales frente al Covid-19 impulsadas por PSOE y Unidas Podemos en la Comisión para la Reconstrucción. También entonces se quedaron solos en el pleno, y sus aliados de investidura unieron fuerzas con los partidos de la derecha. El presidente del PP, Pablo Casado, calificó de «histórica» la derrota que el Gobierno sufrió ayer y la señaló como prueba de su «grave problema de debilidad». Para el jefe de la oposición, el Ejecutivo de Pedro Sánchez padece también de «arrogancia» e «incompetencia».

 

A vueltas con la liquidez

El debate parlamentario arrojó varios momentos de tensión entre María Jesús Montero, y el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol. Éste deslizó que Hacienda persigue el remanente de los ayuntamientos para aumentar su liquidez. «¿Por qué no paga los ERTEs? ¿Por qué solo paga el 1 por ciento de los que solicitan el Ingreso Mínimo Vital?», le echó en cara. Siguiendo este hilo, acusó a la ministra de impulsar un decreto que pretendía «ser la crónica de un robo anunciado». «¿Cómo vamos a creer a un Gobierno que falta permanentemente a la verdad, incluso con el comité de expertos de la desescalada?», reprochó.

La titular de Hacienda replicó con dureza acusando a González Terol de «estar fuera de la realidad» por apuntar que el Estado necesita liquidez y le remitió a las últimas colocaciones del Tesoro. Desde ahí, subrayó una y otra vez la idea de que el PP se opone al decreto por simple interés partidista. «¿No será que al PP le interesa que las palabras robo o hurto estén en política?», atizó.

El debate también dejó ver la irritación de la ministra ante la pérdida de la votación. Montero amenazó una y otra vez con que no redactará un segundo decreto para facilitar liquidez a los ayuntamientos. Según dijo, no existe ninguna otra fórmula jurídica que sea compatible con la Constitución y con la Ley de Estabilidad, por lo que advirtió que tendrán que ser los grupos parlamentarios los que impulsen una nueva reforma.

La mayoría de los partidos le corrigieron rápidamente, instándole a modificar de forma exprés el artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad. La petición de un Plan B fue, de hecho, unánime y el diputado de JxCat, Ferrán Bel, recordó que en los dos últimos decretos derogados, los gobiernos autores aceptaron consensuar normas para sustituirlos.

Además, de escuchar el rechazo total al contenido del texto, Montero también tuvo que escuchar críticas generalizadas a los métodos utilizados por su ministerio en la negociación. En lugar de escucha y diálogo, los grupos denunciaron intentos de «chantaje» y «coacción» por parte de Hacienda para que aceptaran convalidar el decreto.

Montero, en cambio, dijo haber estado hablando «hasta la extenuación» pero la negación de esta tesis fue otro punto común en la oposición, incluso entre sus socios más leales. El portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, dijo haberse visto «obligado» a votar que «no» tras intentar hablar con Hacienda durante semanas sin lograrlor. El miércoles, incluso, estuvo esperando hasta altas horas de la noche una llamada de este ministerio.

Otro duro ataque a Montero llegó de Vox. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, calificó el decreto como «una operación con un único objetivo: hacer ingeniería contable para blanquear la penosa gestión económica de una gobierno que ya no puede seguir». Ciudadanos, por su parte, ofreció negociación de cara a un nuevo texto, una posición que también compartieron el PNV, ERC, Bildu o Compromís.

Si el Gobierno no accede a buscar una nueva vía, los ayuntamientos no podrán utilizar sus remanentes para luchar contra el coronavirus.

Solo cuatro precedentes

Un simple vistazo al pasado da idea de lo excepcional que es la derrota parlamentaria que ha sufrido este jueves el Gobierno de Pedro Sánchez . En los más de 40 años de democracia española, los distintos ejecutivos han enviado a la Cámara Baja un total de 678 reales decretos-leyes, de los que solo cuatro de ellos fueron tumbados por la mayoría parlamentaria.

La falta de diálogo del Gobierno acompañó a todos ellos de la misma manera que ha sucedido con el Real Decreto-Ley sobre el superávit de los consistorios, el quinto que resulta derogado por el Congreso.

El primero de ellos tuvo lugar durante la Legislatura Constituyente. Fue el Real Decreto-Ley 1/1979, de 8 de enero, por el que el Gobierno intentó prorrogar por el tiempo indispensable la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento.

Tuvieron que pasar 27 años para que un gobierno tuviera que encajar una derrota similar. El segundo real decreto-ley derogado por el Congreso no llegó hasta 2006 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intento modificar por esta vía los tipos del impuesto sobre las labores del tabaco.

El tercer precedente no se hizo esperar tanto como el segundo. En 2017, el Congreso tumbaba la reforma del régimen de la estiba impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Al fracaso de ayer se suma el que el primer gobierno de Sánchez encajó en 2018 cuando intentó reformar la legislación de los alquileres mediante el Real Decreto-Ley 21/2018. Su hoy socio de coalición, Unidas Podemos, fue determinante para el fracaso de aquel texto.